14.- LAS PERSONAS JURÍDICAS

 

INTRODUCCIÓN

El tema objeto de estudio se reduce a tres aspectos fundamentales:

a) La nacionalidad de las personas jurídicas

b) El reconocimiento de aquellas que ostenten una nacionalidad extranjera.

c) El régimen jurídico que les es aplicable, una vez reconocidas.

Art. 22.1º LOPJ

En el orden civil los Juzgados y Tribunales españoles serán competentes:

1º Con carácter exclusivo [...] en materia de cosntitución, validez, nulidad o disolución de sociedades o personas jurídicas que tengan su domicilio en territorio español, así como respecto de los acuerdos y decisiones de sus órganos.

Dicho carácter exclusivo implica la imposibilidad de que la materia contemplada en esta norma sea sustraida a la competencia de la jurisdicción española, aun mediando un acuerdo de voluntad o cláusula de atribución de competencia en favor de una jurisdicción extranjera.

El Convenio de Bruselas de 1968 recoge este mismo criterio de atribución exclusiva de la jurisdicción.

Quedan excluidos del objeto de este tema, lógicamente, las personas jurídicas extranjeras regidas por el Derecho público. No obstante, cabe distinguir aquí, a efectos de aplicar las inmunidades del Derecho público, entre:

a) Actos iuri imperii, totalmente cubiertos por la inmunidad, y

b) Actos de iure gestionis, en los que actúa como cualquier persona privada.

 

1.- CONCEPTO Y CLASES

 

1.1.- Concepto

Es la persona jurídica «un instrumento técnico adecuado para resolver cómodamente una serie de problemas socioeconómicos, al servicio de la persona física, con la que guarda una relación casi jerárquica».

La mutabilidad de estos cometidos hace de la noción de persona jurídica un concepto eminentemente histórico, respecto del que resulta determinante la actitud que frente al mismo incorpore cada ordenamiento.

 

1.2.- Clases

Art. 35 Cc.

Son personas jurídicas:

1º.- Las corporaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley. Su personalidad empieza desde el instante mismo en que, con arreglo a derecho, hubiesen quedado válidamente constituidas.

2º.- Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados.

Este precepto no constituye una relación exhaustiva de las personas jurídicas en Derecho español, que podríamos clasificar conforme al cuadro siguiente:

La Constitución establece la libertad absoluta de asociación, con las únicas limitaciones de aquellas que persigan fines o utilicen medios delictivos, así como las de carácter secreto y las paramilitares.

Las sociedades, por su parte, son de dos clases:

a) Civiles: cada vez menos importantes, no requieren una publicidad especial (ni escritura ni Registro) y las normas que las regulan (esencialmente en el Cc) tienen un carácter dispositivo, por lo que la autonomía de la voluntad encuentra aquí amplio juego.

b) Mercantiles: son el objeto de estudio principal de nuestra disciplina, dada la importancia alcanzada en la actualidad desde el punto de vista socio-económico.

Las asociaciones de carácter religioso son una especie más de persona jurídica no subsumible en las anteriores.

 

2.- LA NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Se ha dado un amplio debate doctrinal sobre si las personas jurídicas pueden tener una nacionalidad:

a) Contra: la nacionalidad es un vínculo político que determina la pertenencia a un Estado, cuyo pueblo sólo puede estar constituido por personas físicas.

b) A favor: la nacionalidad es también un vínculo jurídico de quien puede ser sujeto de derechos y obligaciones, y una persona jurídico lo es.

 

Es un debate puramente terminológico en que ambas partes tienen razón: la nacionalidad de las personas jurídicas es algo diferente a la de las personas físicas.

 

Art. 9.11º Cc.

La ley personal correspondiente a las personas jurídicas es la determinada por su nacionalidad y regirá en todo lo relativo a capacidad, constitución, representación, funcionamiento, transformación, disolución y extinción.

En la fusión de sociedades de distinta nacionalidad se tendrán en cuenta las respectivas leyes nacionales.

Consecuencias directas de este precepto para las personas jurídicas extranjeras:

a) Aplicación de su ley personal para regir su vida social.

b) Aplicación de las limitaciones establecidas en la legislación española a las actuaciones de los extranjeros en España, en determinados sectores económicos.

Pueden darse, básicamente, dos sistemas de atribución de nacionalidad a las personas jurídicas:

a) Visión contractual: hace prevalecer, bien la nacionalidad mayoritariamente elegida por sus fundadores, bien la que éstos ostenten.

b) Visión institucional: prevalece la nacionalidad del lugar de constitución, del aquél en que se desarrollen sus actividades, o del que acoja los órganos de decisión.

Existe, no obstante, en el Derecho español, una gran falta de claridad en lo referente a la determinación de la nacionalidad de una persona jurídica. El Ccom. y el Cc. recogen soluciones diferentes. El Ccom. se fija en el lugar de constitución:

Art. 15 Ccom.

Los extranjeros y las compañías constituidas en el extranjero podrán ejercer el comercio en España; [...].

En cambio el Cc. fija una doble exigencia: domicilio en España y constitución con arreglo a las leyes españolas:

Art. 28 Cc.

Las corporaciones, fundaciones y asociaciones, reconocidas por la ley y domiciliadas en España, gozarán de la nacionalidad española, siempre que tengan el concepto de personas jurídicas con arreglo a las disposiciones del presente Código.

La constitución con arreglo a las leyes españolas suele comportar el domicilio en España, por ser ésta una exigencia generalizada en la mayoría de leyes especiales (LSA, LSRL, etc.).

En suma, han de reputarse personas jurídicas españolas las constituidas y domiciliadas en España, de acuerdo con su legislación, así como las constituidas fuera de España con arreglo a las leyes españolas y que fijen su domicilio en territorio español. Son, por el contrario, personas jurídicas extranjeras las creadas al amparo de una legislación foránea y con domicilio en país también extranjero.

Determinación del domicilio de las personas jurídicas:

Art. 41 Cc.

Cuando ni la Ley que la haya creado o reconocido, ni los estatutos o las reglas de fundación fijaren el domicilio de las personas jurídicas, se entenderá que lo tienen en el lugar en que se halle establecida su representación legal, o donde ejerzan las principales funciones de su instituto.

Se subraya el papel de la sede real como domicilio de la sociedad, en caso de que no coincida con el domicilio social legal:

Art. 5.2 LSA

Deberán tener su domicilio en España las sociedades anónimas cuyo principal establecimiento o explotación radique dentro de su territorio.

Excepciones en razón de medidas especiales de control: en algunos casos en que son afectados sectores clave de la economía nacional, para determinados aspectos, pueden equipararse a sociedades extranjeras las españolas constituidas mayoritariamente con capital extranjero.

Cambio de nacionalidad de las personas jurídicas: Algunos ordenamientos no la admiten, pero siempre se puede disolver la sociedad y constituir otra con la nacionalidad apetecida. La doctrina propugna la aplicación cumulativa de las legislaciones de los países implicados:

- una regiría lo referente a la pérdida de la anterior nacionalidad;

- otra se aplicaría en lo concerniente a la adquisición de la nueva.

El ordenamiento español lo admite respecto de las SA españolas siempre que esté contemplado en un Convenio Internacional con mantenimiento de la misma personalidad jurídica. El simple cambio de manos del capital de la SA, a manos extranjeras, no es razón suficiente para considerar un cambio de nacionalidad, ni tan siquiera desde el punto de vista de la protección diplomática.

 

3.- EL RECONOCIMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO EN ESPAÑA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS

 

3.1.- Reconocimiento

Art. 28.2º Cc.

Las asociaciones domiciliadas en el extranjero tendrán en España la consideración y los derechos que determinen los tratados o leyes especiales.

En lo referente al reconocimiento de las personas jurídicas extranjeras se dan dos problemas:

a) El reconocimiento de la personalidad de la persona jurídica constituida conforme a leyes extranjeras: el Derecho español reconoce de forma amplia la personalidad acordada por una legislación extranjera a un ente de su nacionalidad, tanto para realizar operaciones aisladas con nuestros nacionales o en nuestro territorio, como para acudir como demandante o demandado ante los tribunales españoles. La reacción frente a aquellas que pertenecen a un tipo desconocido en el Derecho español sólo puede arbitrarse en la medida en que la noción de equivalencia permita su inclusión en el concepto genérico de persona jurídica sustentado por el foro.

b) Los requisitos que cada ordenamiento establece para permitir que una persona jurídica extranjera ejerza la actividad para la que fue creada: en este punto resulta el Derecho español mucho más restrictivo, estableciendo controles paralelos y similares a los de las personas jurídicas nacionales:

a’) Asociaciones: la Ley de 1964 impide, tanto la constitución en España de asociaciones sometidas a leyes extranjeras, como la actuación aquí de asociaciones que no estén sometidas enteramente a nuestra legislación.

b’) Fundaciones: las extranjeras podrán actuar en España bajo una doble condición:

- establecer una delegación en territorio nacional, y

- inscribirse en el Registro pertinente.

c’) Sociedades mercantiles: podrán ejercer su actividad específica en España en los términos fijados por el liberal Ccom., aunque antes de iniciar sus operaciones deberán haberse inscrito en el Registro Mercantil. La inscripción es condición indispensable para la transferencia de beneficios al exterior y para que la actividad empresarial se considere realizada por un no residente.

En el ámbito del Derecho Comunitario, el art. 220 del TCE propugna el reconocimiento recíproco de las sociedades, el mantenimiento de la personalidad jurídica en caso de cambio de sede, y la posibilidad de fusión de sociedades de distinta nacionalidad. Dicho precepto ha sido desarrollado por el Convenio de Bruselas de 1968 sobre reconocimiento de sociedades y personas morales, el cual aun no ha entrado en vigor. La interpretación de dicho Convenio se somete al TJCE.

d’) Personas jurídicas confesionales:

a") Católicas: a diferencia del Concordato de 1953, menos exigente al respecto, los Acuerdos España-Santa Sede de 1979 condicionan la adquisición de personalidad jurídica civil de tales asociaciones a su inscripción en el correspondiente Registro del Estado, aunque pueden estar basadas en el Derecho canónico.

b") No católicas: gozarán de personalidad jurídica una vez inscritos en el correspondiente Registro público creado a tal efecto en el Ministerio de Justicia.

 

3.2.- Régimen jurídico

3.2.1.- Vida interna

El núcleo del régimen jurídico de las personas morales podría hacerse girar en torno a un empleo, por analogía, de la noción de estatuto personal, que englobando los problemas de su constitución, funcionamiento y extinción, se regiría por una ley única: la ley personal.

En consecuencia, en el sistema español, conforme al art. 9.11º Cc, la ley nacional, como rectora del estatuto personal, va a regir lo que podría denominarse actividad interna de las personas jurídicas extranjeras, configurando su estructura, objetivos y posibles transformaciones.

Por el contrario, cuando la persona jurídica extranjera actúe ilegalmente en España la ley nacional será desplazada por los conceptos del foro, que la considerará como no permitida o, si se trata de sociedades civiles o mercantiles, como sociedades irregulares.

 

3.2.2.- Vida externa

Por necesidades de control, de igualdad de tratamiento con las nacionales, y por las obligaciones registrales destinadas a la protección de terceros, es aquí donde la incidencia de la ley nacional de la persona jurídica se reduce notablemente a favor de la lex loci.

Por otra parte, a las personas jurídicas extranjeras les serán aplicables todas las discriminaciones establecidas en las leyes especiales que definen el régimen jurídico extranjero. Aunque generalmente se hará atendiendo a la nacionalidad de la sociedad, en algunos casos lo que se tiene en cuenta es el origen del capital social.

En el ámbito comunitario, y en aplicación de la libertad de establecimiento pregonada en el TCE, diversas directivas tienen por objeto la armonización de las legislaciones nacionales de los Estados miembros en materia de sociedades. Destacan en dicho sentido:

- La Primera directiva relativa a la validez de los actos, de las sociedades y de la nulidad de sociedades.

- La Segunda Directiva sobre la constitución de sociedades anónimas, mantenimiento y modificación de su capital.

- La Tercera Directiva sobre fusión de sociedades y sus equivalentes.

- La Cuarta Directiva sobre las cuentas anuales de determinados tipos de sociedades.