LAS COSAS EN EL TRÁFICO JURÍDICO EXTERNO

 

1.- EL DENOMINADO ESTATUTO REAL

 

1.1.- Concepto de estatuto real

Se define el estatuto real como el conjunto de normas que se ocupan de la reglamentación jurídica de los derechos reales en sí mismos considerados. Será cosa cualquier entidad, material o inmaterial, jurídicamente relevante y considerada por la ley como de relación jurídica.

Las cosas, desde la óptica del estatuto real son consideradas individualmente y no como partes de una masa patrimonial en cuya regulación pueden incidir otras leyes.

Se deberá recurrir en ocasiones a procesos de adaptación entre la ley rectora del estatuto real y la aplicable al patrimonio en que la cosa concreta se inserta y que debe recibir una reglamentación global.

Clasificación de las cosas:

En los bienes materiales se suele estar a la ley local determianda por su localización, ayudados, si fuera necesario, por ficciones jurídicas que los «sitúen» geográficamente en los casos especiales (in transitu u otras). El ámbito del estatuto real que estudiaremos estará centrado en el de las cosas materiales, ya que los derechos incorporales pueden estar sometidos a regímenes muy diversos.

 

1.2.- Referencia a la competencia judicial internacional de los Tribunales españoles en materia de estatuto real

1.2.1.- Respecto de los bienes inmuebles

Suele admitirse universalmente la competencia judicial internacional exclusiva de los Tribunales de un Estado sobre los inmuebles sitos en él. Este principio se recoge en el Convenio de Bruselasde 1968 así como en la LOPJ.

En lo que respecta a la validez de las inscripciones realizadas en los registros públicos, tanto el Convenio de Bruselas como la LOPJ sostienen también la competencia exclusiva del Estado en que dicho Registro se halle.

1.2.2.- Respecto de bienes muebles

a) Convenio de Bruselas: aplicación del foro general del domicilio del demandado, sin que se prevea ningún foro de competencia exclusivo ni especial.

b) LOPJ: en defecto de los foros generales, los Tribunales españoles serán competentes si los bienes muebles se encuentran en territorio español al tiempo de la demanda.

A diferencia de lo que ocurre con los inmuebles, respecto de los muebles la competencia de los Tribunales españoles puede ser concurrente con las de otros Tribunales extranjeros.

 

2.- LEY APLICABLE A LAS COSAS

 

2.1.- Conexiones generales y especiales

2.1.1.- La «lex rei sitiae»

Tradicionalmente ha sido la lex rei sitiae la que ha regido los bienes inmuebles, por las ventajas que ofrece tanto desde el punto de vista del tráfico jurídico como de la efectividad de las decisiones, ya que sólo las leyes del Estado donde el bien está situado pueden otorgar una protección eficaz a los derechos sobre el mismo.

La creciente importancia económica de los bienes muebles hace que muchas de las razones expuestas en favor de la ley del lugar de situación respecto de los bienes inmuebles sean también válidas respecto de éstos, por lo que también se ha generalizado la sumisión de éstos a la lex rei sitiae.

Art. 10.1º Cc.

La posesión, la propiedad y demás derechos sobre bienes inmuebles, así como su publicidad, se regirán por la ley del lugar donde se hallen. La misma ley será aplcable a los bienes muebles.

Otra de las ventajas de la conexión «situación del bien» es que ofrece una localización material evidente, fáctica, que no plantea problemas de determinación. Esta claridad puede sufrir excepciones en el caso de los bienes muebles, debido precisamente a su movilidad.

Ello nos conducirá al conflicto móvil.

2.1.2.- El conflicto móvil

La ley del país en que el bien mueble acaba de ser introducido se aplicará en el futuro en la misma medida en que se aplicaría una nueva ley que modificara la legislación del país en que el bien mueble hubiera permanecido. Este es el mismo criterio imperante en el derecho transitorio interno.

Se exceptúa de este principio los modos de adquisición de los derechos reales, en que sólo regirá la ley de la situación del bien mueble en el momento en el que se produjo el hecho generador de su nacimiento o extinción.

Respecto al modo de adquisición de los derechos reales, la importancia de la elección del lugar de situación de la cosa en el momento del cambio de dominio es obvio. Ello influirá en las posibilidades de reivindicación de bienes muebles, protección del adquirente de buena fe, etc.

El Convenio de La Haya de 1958 consagra al respecto una solución compleja:

a) Modos de adquisición: se someten a la competencia de la ley del país en que estaban situados los objetos vendidcos.

b) Efectos de la posesión: se someterán a la ley del país en que los objetos estén situados en el momento de la reclamación.

Otro problema surge cuando los ordenamientos en presencia se inspiren en criterios distintos en materia de transmisión de la propiedad. En algunos sistemas jurídicos la transmisión es puramente contractual, mientras que en otros, como en el español, se requiere además una transmisión vinculada con el negocio jurídico precedente.

El supuesto problemático será aquél en que el bien cambie de situación una vez celebrado el contrato y antes de producirse la traditio entre dos Estados que sigan sistemas diferentes al respecto.

Problemas semejantes pueden plantear la reserva de dominio, la prenda, la hipoteca, etc., que se presentan en el comercio exterior como garantías frente a la no realización del negocio por falta de solvencia.

En el tema de la reserva de dominio se sucita la cuestión del reconocimiento en el extranjero de una reserva de dominio realizada conforme a la lex rei sitiae en el momento del contrato sobre un bien exportado con posterioridad al extranjero.

2.1.3.- Los bienes en tránsito y los medios de transporte

El art. 10.1º Cc. determina la ley aplicable a los bienes que están siendo objeto de transporte.

Art. 10.1º Cc.

A los efectos de la constitución o cesión de derechos sobre bienes en tránsito éstos se considerarán situados en el lugar de su expedición salvo que el remitente y el destinatario hayan convenido expresa o tácitamente que se consideren situados en el lugar de su destino

Esta solución se alinea en el mismo sentido que los trabajos realizados por la Conferencia de La Haya. Se introduce en este precepto la autonomía de la voluntad, pudiendo pactar las partes la aplicabilidad de la ley del destino. No obstante, si la movilidad del objeto justifica la derogación de la lex rei sitiae, el alcance de tal derogación debe circunscribirse a las operaciones realizadas a distancia respecto de mercancías cuya ubicación concreta se ignora.

Así nada impide que la ley de la situación actual del bien se aplique a la adopción de medidas cautelares, por ejemplo en temas relacionados con la sanidad o con la seguridad del territorio.

En lo que respecta a los bienes cuya misma finalidad es la de desplazarse (como los propios medios de transporte) su regulación queda fijada en el art. 10.2º Cc.:

Art. 10.2º Cc.

Los buques, las aeronaves y los medios de transporte por ferrocarril, así como todos los derechos que se constituyan sobre ellos quedarán sometidos a la ley de su lugar de abanderamiento, matrícula o registro. Los automóviles y otros medios de transporte por carretera quedarán sometidos a la ley del lugar donde se hallen.

 

2.2.- La aplicación de normas imperativas de terceros Estados

Junto a las normas materiales del derecho reclamado por la norma de conflicto, que puede coincidir con el del foro, y de las normas imperativas del foro, en ocasiones hay que tener también en consideración las normas imperativas de un tercer Estado. Ello se manifiesta especialmente en el campo de la protección del patrimonio artístico y cultural, tanto en razón de la búsqueda de una reciprocidad como en aplicación de la política que en estas materia siguen las Organizaciones Internacionales.

Así la protección de los bienes culturales podría ser erigida en una cuestión de orden público internacional.

 

2.3.- Ámbito de la ley aplicable

Conforme al art. 12.1º Cc. es el Derecho español, actuando de lex fori, el que determine el contenido de los conceptos que conforman los supuestos de las normas de conflicto en materia de estatuto real. Este punto reviste especial importancia a la hora de calificar una obligación como real o como obligacional en determinados casos (como el leasing).

Por otra parte no todos los elementos que configuran los supuestos en que se discuten derechos reales deben regirse de modo necesario por la lex rei sitiae. Así, en cuestiones obligacionales, sucesorias o de otra índole, aunque estén en cuestión derechos sobre cosas, será lo dispuesto a este tipo de cuestiones y no a las reales los que serán de aplicación.

Así, cuando se trate de decidir sobre aspectos reales de bienes incluidos en una universitas rerum se impone una armonía en el tratamiento de todos las cosas incluidas en la misma.

En relación a la forma de los actos relativos a bienes muebles o inmuebles, ésta puede no coincidir tampoco con la lex rei sitiae. No obstante ésta será la ley que determine las eventuales medidas de publicidad necesarias en aras de la seguridad en el tráfico jurídico y que dicha publicidad sólo puede garantizarla eficazmente la autoridad local que, en base a la relga auctor regit actum aplicará su propio ordenamiento.

Puede así producirse una disociación entre el régimen aplicable al contenido del derecho real y a las medidas de publicidad, por un lado, y a la ley rectora de la forma del acto o contrato que le sirve de base por otro.

Corresponderá a la lex rei sitiae:

a) Determinar el contenido y el régimen de los derechos reales.

b) Fijar la extensión del derecho así como sus limitaciones, cargas y obligaciones impuestas a sus titulares.

c) Establecer la duración del derecho y sus efectos respecto de terceros, así como las medidas necesarias a su publicidad.

La aplicación de la ley española como lex rei sitiae no se limita a actuar como norma de conflicto, siendo abundante en este campo la utilización de normas materiales de derecho internacional privado, especialmente en lo que respecta al acceso de los extranjeros a la propiedad en España.

Hay que subrayar en este campo también la importancia de la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1965, ya que muchos de sus preceptos tienen carácter imperativo

 

3.- LA INCIDENCIA DE LAS NACIONALIZACIONES, EXPROPIACIONES Y CONFISCACIONES EN DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

Aunque se trate de tres supuestos jurídicamente distintos, el régimen de las expropiaciones, confiscaciones y nacionalizaciones en Derecho internacional privado es muy similar. En todos ellos es la ley de la situación la que rige los diferentes modos de adquisición de la propiedad en virtud de una decisión de la autoridad pública, la cual sólo puede actuar sobre los bienes que se encuentren en su territorio.

El problema crucial será el de la eficacia de las nacionalizaciones sobre los bienes de una sociedad situados en terceros países, ya que si nadie duda de la competencia de un Estado para dictar las medidas que juzgue oportunas sobre los bienes situados en su territorio, suscita mayor discusión las repercusiones de dicho acto sobre los bienes de la sociedad nacionalizada situados fuera de la frontera del Estado.

En términos generales la jurisprudencia de los países de Europa occidental han reconocido la decisión nacionalizadora cuando el bien estaba, en el momento de la nacionalización, en el territorio del Estado nacionalizador, mientras que no la han reconocido cuando estaba fuera de sus fronteras. Así será importante determinar la localización del bien, conforme a los criterios de conexión generales.

La doctrina más reciente se plantea las nacionalizaciones más como un problema de conflicto de autoridades que de leyes.

Así, sería indiferente establecer dónde se sitúan los bienes, ya que lo importante para determinar la competencia del Estado sería la existencia de una vinculación suficiente entre el Estado y la sociedad nacionalizada.

Desde la perspectiva española cualquier acto extranjero que implicara la desposesión de su titular de bienes situados en España sería rechazado en base a la excepción de orden público, a menos que se constatara la legalidad ingternacional concebida ésta bajo los cánones de los países occidentales de respeto absoluto de la propiedad privada.