PROCESO FAMILIAR

Al examinar la clasificación de los procesos, se advirtió que, a diferencia del proceso civil patrimonial o proceso civil en sentido estricto, el proceso sobre las relaciones familiares y el

estado civil de las personas se encuentra orientado por el principio inquisitorio. En efecto, en el proceso familiar se han otorgado al juzgador, tomando en cuenta la trascendencia social de las relaciones familiares, mayores atribuciones para la dirección del proceso y particularmente para la obtención de las pruebas. En tal proceso, los derechos que se controvierten generalmente son irrenunciables, por lo que no caen dentro del ámbito de la libertad de disposición de las partes. Se trata, en suma, de derechos regularmente indisponibles.

Ya Calamandrei había advertido y analizado la estructura especial del proceso familiar, al cual, para distinguirlo del proceso civil patrimonial, denominó "proceso civil inquisitorio", siguiendo la terminología propuesta por Kohler y adoptada por Cicu. Para Calamandrei, la estructura especial del proceso sobre las relaciones familiares y el estado civil de las personas "no es más que una consecuencia de la naturaleza especial de la relación sustancial sometida al juez". El Estado, tomando en cuenta la trascendencia social de las relaciones familiares, tiene especial interés "en no permitir su modificación, sino a través de una declaración judicial de certeza". La modificación o alteración de las relaciones jurídicas familiares se sustrae, por este motivo, de la libertad contractual de los interesados y se somete, en cambio, a la intervención necesaria de los órganos del Estado, encargados de verificar que tal modificación sólo se produzca cuando se cumplan

efectivamente los supuestos y los requisitos establecidos en la ley.

 

 

Calamandrei menciona, entre otras, las siguientes características que derivan de la estructura especial del proceso familiar:

1) acción e intervención del Ministerio Público;

2) poderes de iniciativa del juez;

3) pruebas ordenadas de oficio;

4) ineficacia probatoria de la confesión espontánea, y

5) prohibición del arbitraje.

De manera similar, Fix-Zamudio puntualiza que el proceso familiar "está influido por el principio oficial, por la máxima de la libre investigación judicial, por la indisponibilidad del objeto de la litis, y tiene la característica de que las sentencias dictadas por los tribunales en esta clase de juicios, producen efectos contra terceros".

El CPC del Estado de Sonora, siguiendo tanto estas orientaciones doctrinales como la tendencia de los ordenamientos procesales del sector europeo del civil law, dedica su título tercero del libro de igual número a regular los "juicios sobre las cuestiones familiares y el estado y condiciones de las personas" (artículos 552-646). En dicho título se ha intentado sistematizar todas las normas sobre juicios especiales y procedimientos de jurisdicción voluntaria concernientes a la familia y el estado civil de las personas: cuestiones matrimoniales, nulidad de matrimonio, divorcio voluntario y necesario, paternidad, filiación y patria potestad, adopción, rectificación de actas del estado civil, interdicción e inhabilitación, cuestiones concernientes a menores y emancipados, declaración de ausencia y presunción de muerte.

 

Aparte de la regulación detallada de cada uno de estos juicios especiales y procedimientos de jurisdicción voluntaria, el CPC del Estado de Sonora establece los principios generales que rigen todo proceso familiar:

1) intervención necesaria del Ministerio Público;

2) amplias facultades del juzgador para determinar la "verdad material";

3) inaplicación de las reglas de la prueba tasada y de las relativas a la distribución de la carga de la prueba;

4) supresión del principio preclusivo "en cuanto signifique un obstáculo para el logro de la verdad material", y

5) no vinculación del juzgador a la confesión ni al allanamiento de las partes (artículos 552 y 553).

Hasta 1973, el CPCDF no contenía ningún título o capítulo dedicado especialmente al proceso familiar. Algunos preceptos de dicho ordenamiento, sin embargo, establecían algunas reglas especiales concernientes a este tipo de proceso, entre las cuales se pueden destacar las siguientes:

1) la extensión de la autoridad de la cosa juzgada de las sentencias sobre el estado civil, aun a los terceros que no hubiesen litigado (artículos 24 y 422); 2) el establecimiento de la presunción de negación, en lugar de la confesión ficta, para los casos de rebeldía del demandado o que no se aé respuesta completa a los hechos de la demanda, cuando ésta afecte "las relaciones familiares o el estado civil de las personas" (artículos 266 y 271); y

3) la regulación de la revisión de oficio como

medio de control jerárquico de la legalidad de todas las sentencias sobre rectificación de actas del estado civil y sobre la nulidad del matrimonio fundada en el parentesco consanguíneo o por afinidad, la existencia de matrimonio anterior y la ausencia de formalidades esenciales (artículo 716). Este último medio fue suprimido, al derogarse el artículo 716, con motivo de la reforma al CPCDF publicada en el Diario Oficial el 27 de diciembre de 1983.

Con las reformas del 24 de febrero de 1971 a la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, se introdujeron en esta entidad, por primera vez, los juzgados de lo familiar, a los cuales se atribuyó competencia para conocer tanto de los juicios y los procedimientos de jurisdicción voluntaria concernientes a las relaciones familiares y el estado civil de las personas, como de los juicios sucesorios (artículo 58 de la citada Ley Orgánica).

 

Pero no fue sino hasta la reforma de 26 de febrero de 1973 al CPCDF, cuando se adicionó a éste el título decimosexto, sin epigrafe, y el cual contiene un capítulo único denominado "De las controversias del orden familiar". Sin embargo, este nuevo título, a pesar de su nombre, no introdujo una regulación sistemática y completa del proceso familiar, como debió haber ocurrido una vez que se crearon los juzgados de lo familiar. Dicho título se limitó a prever, con cierta vaguedad, algunos principios generales para todos los juicios y procedimientos concernientes a la familia y a regular un juicio especial a través del cual se tramitan sólo algunas controversias familiares.

A las reglas especiales para el proceso familiar que el CPCDF contenía en forma dispersa antes de la reforma de 1973 (las cuales ya fueron mencionadas líneas arriba), el título adicionado agregó las siguientes:

1) se consideran de orden público todos los "problemas inherentes a la familia";

2) se faculta a los jueces de lo familiar para "intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores y de alimentos, decretando las medidas que tiendan a preservarla y a proteger a sus miembros", y

3) se establece la obligación del asesoramiento de un defensor de oficio a la parte que no esté asesorada por licenciado en derecho, cuando la otra sí lo esté (artículo

943).

A las anteriores reglas, la reforma al CPCDF publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1983, ha intentado agregar otra más: la de que, en todos los asuntos del orden familiar, los jueces y tribunales están obligados a suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho, según dispone el segundo párrafo del artículo 941. En rigor, la reciente adición no es sino la aplicación del principio jura novit curia, de acuerdo con el cual el juez es quien conoce el derecho y a quien compete decidir en cada caso cuál es el derecho aplicable. En virtud de este principio, las alegaciones de derecho formuladas por las partes no vinculan al juez, por lo que éste, en todo caso, y a pesar de los errores u omisiones de las partes en la cita de los preceptos jurídicos, es quien determina el derecho aplicable. En consecuencia, la adición comentada no hace sino reiterar el principio jura novit curia que rige no sólo al proceso familiar como

 

 

CONTROVERSIAS DE ORDEN FAMILIAR

La tramitación de las controversias de orden familiar se rige, en la

actualidad, por los artículos 940 a 956 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, adicionados por decreto de 26 de febrero de 1973, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo (del mismo año.

Declara el artículo 940 del código citado que todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquélla la base de la integración de la sociedad.

El juez de lo familiar estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores y de alimentos, decretando las medidas que tiendan a preservarla y a proteger a sus miembros. En todos los asuntos del orden familiar los jueces y tribunales están obligados a suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho. En los mismos asuntos, con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a alimentos, el juez deberá exhortar a los interesados a lograr un avenimiento resolviendo sus diferencias mediante convenio, con el que pueda evitarse la controversia o darse por terminardo el procedimiento (art. 941 del código citado).

Establece el artículo 942 del código citado que no se requerirán formalidades especiales para acudir ante el juez de lo familiar cuando se solicite la declaración, preservación o constitución de un derecho o se alegue la violación del mismo o el desconocimiento de una obligación, tratándose de alimentos, de calificación de impedimentos de matrimonio o de las diferencias que surjan entre marido y mujer sobre administración de bienes comunes, educación de los hijos, oposición de maridos, padres y tutores y en general todas las cuestiones familiares similares que reclamen la intervención judicial.

Podrá acudirse al juez de lo familiar por escrito o por comparecencia

personal en los casos urgentes a que se refiere el párrafo anterior, exponiendo de manera breve y concisa los hechos de que se trate. Con las copias respectivas de esa comparecencia y de los documentos que en su caso se presenten se correrá traslado a la parte demandada, la que deberá comparecer en la misma forma dentro del término de nueve días. En tales comparecencias las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas. Al ordenarse el traslado, el juez deberá señalar día y hora para la celebración de la audiencia respectiva. Tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento o por disposición de la ley, el juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor y mediante la información que estime necesaria, una pensión alimenticia provisíonal, mientras se resuelve el juicio (art. 943 del código citado).

 

En la audiencia las partes aportarán las pruebas que así procedan y que hayan ofrecido, sin más limitaciones que no sean contrarias a la moral o estén prohibidas por la ley (art. 944 del código citado).

La audiencia se celebrará con o sin asistencia de las partes. El juez, para resolver el problema que se le plantee, podrá cerciorarse personalmente o

con el auxilio de trabajadores sociales, de la veracidad de los hechos, quienes presentarán el trabajo que desarrollen en la audiencia, pudiendo ser interrogados por el juez y por las partes. Su intervención tendrá el valor de un testimonio de calidad. En el fallo se expresarán en todo caso los medios y pruebas en los que se haya fundado el juez para dictarlo (art. 945 del código citado).

El juez y las partes podrán interrogar a los testigos con relación a los hechos controvertidos, pudiéndoles hacer todas las preguntas que juzguen procedentes (art. 946 del código citado).

La audiencia se llevará a cabo dentro de los treinta días contados a partir del auto que ordene el traslado, en la inteligencia de que, la demanda inicial deberá ser proveída dentro del término de tres días (art. 947 del código citado).

La sentencia se pronunciará de manera breve y concisa, en el mismo momento de la audiencia de ser posible o'dentro de los ocho días siguientes (art. 949 del código citado); en su contra procede el recurso de apelación (art. 950 del código citado).

 

Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados

por el juez (art. 952 del código citado).

Las resoluciones sobre alimentos que fuesen apeladas, se ejecutarán sin fíanza (art. 951 del código citado).

La recusación con o sin causa, no podrá impedir que el juez adopte las medidas provisionales sobre depósitos de personas, alimentos y menores (art. 953 del código citado).

 

Ninguna excepción dilatcria podrá impedir que se adopten las referidas medidas (art. 954 del código citado).

Los incidentes se decidirán con un escrito de cada parte y sin suspensién del procedimiento (art. 955 del código citado).

 

 

Derecho procesal familiar

El derecho procesal familiar y del estado civil es la disciplina que estudia el conjunto de normas que regulan el proceso destinado a solucionar los conflictos sobre la familia y el estado civil de las personas.

 

En el proceso familiar y del estado civil, tomando en cuenta la trascendencia social de las relaciones familiares, se han otorgado al juzgador mayores atribuciones para la dirección del proceso. En este proceso, asimismo, los derechos sustantivos que se controvierten generalmente son irrenunciables, indisponibles, por lo que no quedan dentro del ámbito de libertad de disposición de las partes, como ocurre normalmente en el proceso civil patrimonial.

Tomando en cuenta la importancia de las relaciones familiares, el Estado tiene especial interés, como ha puntualizado Calamandrei, "en no permitir su modificación, sino a través de una declaración judicial de certeza. "90 La modificación o alteración de las relaciones jurídicas familiares se sustrae, de esta manera, de la libertad contractual de los interesados y se somete, en cambio, a la intervención necesaria de los órganos del Estado, encargados de verificar que tal modificación sólo se produzca cuando se cumplan efectivamente los supuestos y los requisitos establecidos en la ley.

 

En nuestro país, el proceso familiar y del estado civil se sigue regulando normalmente por la legislación procesal civil, aiunque desde hace tiempo se pueden advertir claras tendencias a darle un carácter publicístico y ya no preponderantemente dispositivo.

 

Fueron los CPC que siguen al Anteproyecto de 1948, los primeros en recoger las bases de este nuevo proceso jurisdiccional. Así, por ejemplo, el CPC del Estado de Sonora establece los siguientes principios generales que rigen al proceso familiar:

1) intervención necesaria del Ministerio Público;

2) amplias facultades del juzgador para determinar la "verdad material";

3) inaplicación de las reglas de la prueba tasada y de las relativas a la distribución de la carga de la prueba;

4) supresión del principio preclusivo "en cuanto fuere un obstáculo para el logro de la verdad material", y

5) no vinculación deljuzgador a la confesión ni al allanamiento de las partes (arts. 552 y 553).

 

En el Distrito Federal se crearon, con motivo de las reformas de 1971 a la LOTJDF, los juzgados de lo familiar, como juzgadores especializados en las controversias familiares y del estado civil, aunque también se les atribuyó competencia para conocer de los juicios sucesorios, que son de carácter básicamente patrimonial. Posteriormente, con la reforma de 1973 al CPCDF, se adicionó un nuevo título, el décimosexto, en el cual se previeron, así sea en forma dispersa y pco clara, algunos principios generales para el proceso familiar, asi como un juicio especial para algunas controversias familiares.

Acciones del estado civil

Sobre este tema se expresa así Bonnecase:

toda "Daclos los caracteres y la noción del estado de las personas, parecería que .persona debiera nacer a la vida jurídica con su verdadero estado, y que no existiría la oportunidad de ocuparse de discutir o de establecer un estado. tncontrándose la individuación social constituida, en su mayor parte, por el estado de las personas, y siendo de orden público esta individuación, debería ser así a prior¡. Pero, la realidad es menos sencilla, como lo demuestran las acciones de reclamación y desconocimiento de estado. El objeto de la nrimera es que se atribuya a una persona determinada su verdadero estado, del cuál se encuentra privada, r

PO cualquiera razón. En cambio, la segunda tiene por objeto impedir a una persona

que se atribuya un estado que no es el suyo y del cual, jurídicamente o de hecho, se beneficia o pretende beneficiarse. El mecanismo de estas acciones de estado se presenta, en realidad, en la forma siguiente:

1) La acción de reclamación de estado procede cuando una persona se cree con derecho a exigir en su favor un estado que, jurídicamente o de hecho, no tiene;

2) Esta acción de reclamación de estado por sí misma evoca la de desconocimiento, por parte de aquellas personas a quienes perjudicaría la procedencia de aquélla;

3)Pero la acción de cono ¡-

miento de estado no siempre será provocada por una acción de reclamación de estado previa; puede suceder que ante una situación que parecía adquirida, y que atribuía a un individuo un estado determinado, existan personas interesadas que se crean con derecho para alegar ese estado, y que, en consecuencia, ejerciten una acción de desconocimientd"

Efectos de las sentencias relativas al estado civil

En relación con el estado civil de las personas se presenta el problema referente a los efectos de una sentencia que declare o constituya un estado civil, es decir, de determinar el alcance que tenga no sólo relativamente a los litigantes, sino a los terceros que no han intervenido en el juicio. Es principio de derecho procesal que la sentencia sólo surta efectos entre las partes litigantes; la sentencia ejecutoriada constituye la verdad legal aun cuando en ocasiones no corresponda a la realidad; pero el derecho parte de que una sentencia que pasa en autoridad de cosa juzgada, es decir, que se constituye como definitiva, y desde este punto de vista se convierte en indiscutible, sólo lo es relativamente a las partes litigantes. En ciertas cuestiones, como las del estado civil de las personas y las relativas al nombre de las mismas, se ha comprendido la dificultad que traería el darle alcance restringido a la sentencia, porque si se declara, por ejemplo, que alguien es hijo de determinada persona, este efecto, debe ser general frente a todo mundo, no sería posible estar discutiendo la filiación de una persona en múltiples casos y ante la posibilidad de. que existan sentencias contradictorias; de aquí la necesidad de que el estado creado por una sentencia no sólo valga frente a los litigantes, es decir, a las personas en el juicio, sino que tenga validez universal. Una

vez que por cierto juicio se investiga, por ejemplo, la paternidad, la filiación, quedan determinado el estado,

sin embargo, esta situación que es de desearse por sus consecuencias de orden práctico, crea problemas en cuanto que para un determinado sujeto pueden existir pruebas a efecto de demostrar que aquel que goza de un cierto estado por sentencia, no tiene ese estado y si en un juicio logró demostrarlo, puede deberse a que su contrario no presentó las pruebas suficientes o que hubo un descuido en la prueba, etc. Viene por esto el problema del alcance absoluto o relativo de la sentencia.

 

 

En nuestro derecho los artículos 92 y 93 del CPCDF, consagran el valor absoluto de las sentencias relativas al estado civil, al estatuir: "La sentencia firme produce acción y excepción contra los que litigaron y contra terceros llamados legalmente a juicio". "El tercero puede excepcionarse contra la sentencia firme, pero no contra la que recayo en el juicio de estado civil, a menos que alegue colusión de los litigantes para perjuáicarlo". De este último precepto se desprende que las sentencias re

lativas al estado civil, si surten efectos respecto de terceros, pues éstos no podrán excepcionarse en cuanto a las mismas alegando que no fueron partes en el juicio, a no ser que se demuestre que hubo colusión entre los litigantes con el propósito de perjudicar al tercero de que se trate.

En un principo la jurisprudencia francesa se inclinó en dar un alcan

ce casi absoluto a las sentencias que declaran un estado civil, pues aceptó la tesis del contradictor legítimo. Posteriormente, sobre todo en el derecho francés encontramos un cambio importante a partir de 1925. Sistemáticamente la doctrina y la jurisprudencia vienen insistiendo en que aun cuando fuera de desearse el alcance absoluto de las sentencias que declaran un estado civil, debe admitirse sólo un efecto relativo entre los litigantes, siendo posible discutir nuevamente por otras ersonas la calidad de esp

tado civil que se atribuya a un determinado sujeto. Esto por lo que se refiere a las sentencias declarativas: en estas sentencias el juez no crea el estado civil, simplemente lo reconoce. Supongamos, se justifica debidamente la posesión de estado de hijo háblido en concubinato; el juez reconoce esta posesión de estado con relación a los padres. En cambio, en ocasiones el juez por virtud de la sentencia constituye el estado civil, no sólo lo declara, tal cosa ocurre: 19 En las sentencias de divorcio v 29 En las sentencias de nulidad del matrimonio. En éstas el juez crea por

virtud de su resolución un estado que antes no existía; cesa el matrimonio y se declara el divorcio. Los consortes adquieren un nuevo estado. O bien, se declara la nulidad del matrimonio; existió la presunción de validez entre tanto no hubiese sentencia; ese matrimonio era válido, sólo a partir de la sentencia se crea el nuevo estado. Para estas sentencias llamadas constitutivas del estado civil, sí tiene un alcance universal la decisión judicial, y es porque la sentencia viene a crear un estado, y su creación es para todo mundo, no sólo respecto de los litigantes. Si se declara el divorcio, los consortes adquieren el estado civil de divorciados definitivamente y frente a todo el mundo; por esto habrá que distinguir entonces sentencias declarativas del estado civil cuyo alcance se limita a las partes litigantes y sentencias constitutivas cuyo alcance es absoluto frente a todo el mundo.

En las sentencias declarativas del estado civil, en ocasiones la ley otorga la acción o la excepción sólo a un sujeto. Una vez intentada la acción, entonces la sentencia tendrá carácter absoluto, porque ya nadie podrá discutir ese estado civil. La ley no permite, fuera de determinadas personas, que la acción se intente por los terceros en general; de aquí la posibilidad de que, aun cuando sea sentencia declarativo de un estado, como ya nadie podrá intentar la misma acción, no habrá ocasión en cuanto a terceros para discutirlo. La sentencia entonces tiene validez universal, es oponible "erga omnes". A propósito de las sentencias declarativas del estado civil, D'Argentré creó la teoría del contradictor legítimo; pensó el jurista francés que dentro de las perso nas interesadas en discutir un estado civil, siempre en la ley se caracteriza una de ellas como parte principal afectada, no obstante que la ley puede conceder, además de esta parte principalmente afectada, a otros sujetos, la acción del estado civil; se advierte por los intereses en juego que en verdad sólo es un sujeto el que tiene el mayor interés, y entonces se dice que es él el contradictor legítimo, o interesado verdadero en deducir la acción o la excepción correspondiente. Cuando es el contradictor legítimo el que interviene en el juicio como actor o como demandado, D'Argentré pensó que entonces la sentencia del estado civil tiene validez general porque justamente se ha discutido el estado con el sujeto más interesado, con el más caracterizado para aportar pruebas, para investigar el estado, y si él triunfa o si a él se le vence en juicio, es lógico pensar que respecto de los demás interesados también existiría la misma sentencia. Por ejemplo, en la investigación de la paternidad, el contradictor legítimo sería el padre o presunto padre; si respecto del presunto padre se obtiene una sentencia

declarando la paternidad, desaparece, por ejemplo, el interés jurídico del abuelo, que podría en un caso excepcional tener mejores pruebas que el presunto padre; pero habiéndose llamado a juicio al sujeto más interesado, debe admitirse que la sentencia dictada en ese juicio tenga efectos respecto de los demás sujetos; digamos, los herederos, ascendientes, descendientes, hermanos o colaterales en general, a quienes asista también un interés reconocido en la ley para discutir cuestiones del estado civil, pues justamente el mismo no crea relaciones, respecto de una persona aislada, sino dentro de la familia. Hay una serie de presuntos herederos para discutir el estado; no sólo se preocupa la ley por los intereses de indole patrimonial para atribuir o negar la herencia, sino también por los de índole moral, que se discuten vivamente en los juicios relacionados con el estado civil de una persona y, principalmente, con la filiación, tanto cuando se puede presumir matrimonio y no se justifica como cuando exista una unión fuera de matrimonio. El interés práctico de la cuestión reside, sobre todo, en el derecho a heredar y a exigir alimentos, cuando se demuestra un determinado estado civil que conforme a la ley faculta al interesado para exigir estas consecuencias de tipo patrimonial.